Parece que al exrepresentante a la Cámara por el Meta, Juan Diego Muñoz, le quedó gustando eso de meter la mano donde no debía. Ahora su nombre vuelve a sonar, pero no precisamente por buenas razones: la Fiscalía lo tiene en la mira por presunta corrupción en los contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías).
Sí, así como lo lee. Este político, que en su momento se vendió como el salvador del Meta, hoy figura en una investigación que salpica a 28 congresistas de distintas bancadas, en lo que podría ser un escándalo aún más grande que el robo descarado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Fiscalía General de la Nación ya compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que determine qué tan metido está Muñoz en esta olla podrida. Y todo esto salió a la luz gracias al testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien destapó las jugadas chuecas en la contratación de Invías.
Como si fuera poco, no podemos olvidar que hace un año, Muñoz renunció a su curul, supuestamente por problemas de salud, justo cuando estalló el escándalo de los sobornos en la UNGRD. Ahora, con esta nueva investigación, queda claro que no era un simple «problema de salud», sino una huida estratégica.
La Corte Suprema tiene la papa caliente en sus manos y pronto definirá los pasos a seguir. Mientras tanto, en el Meta, muchos se preguntan: ¿hasta cuándo seguiremos eligiendo políticos que llegan al Congreso solo para chuparle la sangre al pueblo?
