Un concepto jurídico presentó la Procuraduría General de la Nación a la Corte Constitucional en el sentido de que permita a los ciudadanos que perdieron o abandonaron sus casas como consecuencia del conflicto armado, puedan postularse por segunda vez para acceder al subsidio familiar de vivienda, otorgado por el Gobierno nacional.
En el concepto, el Ministerio Público señaló que debe reforzarse la protección, tal como ocurre actualmente con quienes han sido afectados por actos terroristas.
Por esa razón, la Procuraduría solicitó que se amplíe el alcance del artículo 6 de la Ley 3 de 1991, que reguló el subsidio de vivienda familiar, a efectos de reforzar la protección a las víctimas del conflicto a través del Decreto 1533 de 2019.
Para el órgano de control, la exclusión genera una desigualdad frente a los que se encuentran amparados por la misma.
