Un verdadero escándalo sacude a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el Meta. Contratistas del área de Topografía destaparon un rosario de abusos que incluyen: acoso laboral, represalias económicas, apropiación irregular de equipos oficiales y hasta solicitudes de dinero bajo la mesa para “agilizar trámites”.
El señalado es Jonathan Felipe Rodríguez Suárez, jefe del área, a quien acusan de manejar un “mini almacén paralelo” en su oficina con equipos de topografía que aparecen y desaparecen sin dejar rastro.
Pero lo más grave, según los denunciantes, es que Rodríguez habría ordenado accesos ilegales a computadores de trabajadoras para espiar conversaciones privadas y luego utilizarlas como herramienta de intimidación.
Y como si fuera poco, pese a que estas denuncias fueron elevadas a la directora de Acceso a Tierras, Deicy Lizeth Gómez Gómez, la respuesta habría sido el silencio total. Un silencio que se tradujo en más miedo, más abuso y cero resultados.
“Nada va a pasar”: el caso frío que huele a impunidad
Los contratistas afirman que ya entregaron pruebas y testimonios a los entes de control, pero temen que este caso termine igual que tantos otros en Villavicencio: archivado, olvidado y sin responsables.
“Esto va a quedar frío, como siempre pasa. Aquí solo los débiles cargan con la culpa, mientras los jefes salen premiados”, afirmó una de las víctimas.
Lo preocupante es que, pese a este escándalo, Rodríguez Suárez se mueve en los pasillos políticos con la idea de proyectarse hacia una futura aspiración regional. Y mientras tanto, en Villavicencio aún esperan las soluciones que nunca entregó en materia de tierras y ordenamiento.
Un caso que huele a corrupción, poder desmedido y silencio cómplice, pero sobre todo, a la sensación de que, como pasó con el hijo de Petro y otros escándalos nacionales, “no pasará absolutamente nada”.
